La irrupción en las calles de los trabajadores del sector de la salud da cuenta nuevamente de la precaria situación de los “héroes” de la pandemia en condiciones de trabajo cada vez más exigentes y con salarios más exiguos.
Durante las últimas semanas no hubo centro de salud que pueda mostrarse ajeno a la resonancia que ha tenido la proliferación de acciones de protesta que acontecieron en una gran diversidad de territorios.
Desde concurridas asambleas hasta masivas movilizaciones, en todas las instancias los trabajadores dieron cuenta de una situación de explotación extrema y se unieron en acción para lograr una salud digna.
La emergencia del sistema de salud alcanzó una notoria centralidad desde el inicio de la pandemia del COVID-19, poniendo a su personal en el centro de la escena, que afrontaba la multiplicación de los riesgos al llamado de una responsabilidad moral que los calificó como héroes, descansando el peso de una crisis sin precedentes sobre sus espaldas.
El reconocimiento de esta situación no fue suficiente para que sus demandas y necesidades ganen prioridad en la agenda pública. Sin embargo, la recurrente apelación a la vocación no alcanzó a tapar el sol con la mano.
Una marea blanca
La extensión de esta crisis escapó a la frontera de los sistemas sanitarios públicos o particularidades específicas de algún territorio. Los salarios de pobreza y los altos niveles de precarización laboral son una situación compartida a lo largo y ancho del globo.
Una de las expresiones más importantes se desarrolló en Madrid, España, donde una masiva movilización de más de 200.000 asistentes se expresó “en apoyo de una sanidad pública y contra los planes de destruir los servicios de atención primaria”. La situación de protesta prosiguió a un llamado a huelga por tiempo indeterminado y se extendió a varias ciudades del país ibérico.
En Reino Unido, el Real Colegio de Enfermería (RCN) se declaró en huelga por primera vez en 106 años luego de una votación con más de 300.000 miembros sindicales, exigiendo mejores salarios y citando preocupaciones por la seguridad del paciente.
En sintonía, los trabajadores y becarios de UCLA Health, en Los Ángeles, se manifestaron exigiendo por mejoras en salarios y condiciones de trabajo, alegando que no llegan a cubrir el alquiler y se someten a guardias extremas sin descanso ni para comer. Tal es la situación que varios se vieron obligados a buscar otro trabajo que ayude a llegar a fin de mes.
Por otro lado, los usuarios de la salud también sufren las consecuencias, por eso, desde el Colegio Médico Dominicano (CMD), realizaron un paro regional en clínicas privadas contra las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que integran el Sistema de Seguridad Social (SDSS). Entre los pedidos se encuentra la creación de un Plan Básico de Salud, el pago de las consultas ambulatorias y un régimen de tarifas unificadas.
El presidente del colegio, Rufino Senén Caba, dijo que el modelo de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), afecta alrededor de 12 millones de dominicanos.
Cordobazo en salud
Nuestra ciudad no fue ajena a esta generalizada situación cuando los trabajadores del Hospital Pasteur se reunieron en asamblea y definieron visibilizar sus reclamos el miércoles 16 de noviembre a través de una movilización que recorrió e interrumpió parcialmente la Ruta Nacional 9. Por su parte, trabajadores de la Asistencia Pública realizaron una concentración en las puertas de la institución dependiente de la Municipalidad local.
La manifestación se dio de la mano de un paro con asistencia a los lugares de trabajo, garantizando la atención con una guardia mínima. Se registraron medidas similares en Bell Ville, Río Cuarto, Córdoba, Punilla, San Francisco, Villa Dolores, entre otras localidades.
Y es que la jornada de lucha se organizó en conjunto a los trabajadores de todos los hospitales de la provincia de Córdoba, que conformaron una coordinadora provincial y lanzaron un comunicado titulado “Cordobazo en salud”.
En el mismo definieron la renuncia del ex ministro de Salud de la provincia, Diego Cardozo, imputado judicialmente por las muertes de bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, como “un emergente de una política sanitaria desastrosa”. A pesar del reciente cambio en el Ministerio, donde asumió la bioquímica Gabriela Barbás, la coordinadora señala que “la política de salud no ha cambiado nada, seguimos en el olvido y el abandono”.
A su vez, denunciaron la política de ajuste en la salud pública y el interés de esta por beneficiar negocios privados: “Esto se siente en el intento de imponer cambios en el régimen de trabajo en distintos sectores, el desmantelamiento de equipos o la sobrecarga laboral. También en el avance de la tercerización y privatización de servicios.
“Nos llamaron esenciales y hasta héroes. Dejaron la vida más de 120 compañeros asistiendo en la pandemia. PERO NUNCA SE NOS RECONOCIÓ CON LO QUE SE RECONOCE A UN TRABAJADOR: SALARIO DIGNO Y JUSTO”, asegura el documento.
Los trabajadores denunciaron a su vez “la complicidad del legislador oficialista Jose Pihen y la conducción del SEP que dice ser representante de los trabajadores y trabajadoras, pero en realidad están del otro lado del mostrador. Ellos no nos representan”.
Finalmente, los principales puntos que postularon como objetivos fueron: una recomposición salarial del 200%, un bono de diciembre de 150 mil pesos y recuperar el 82% móvil del básico para las jubilaciones. Por último, agregaron el desconocimiento del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) como único interlocutor de los trabajadores para la discusión paritaria.
Ver: Movilización por la salud pública
En Villa María, durante la última movilización realizada en caravana el pasado jueves 24, se definió un nuevo paro por 72 horas en el Hospital Pasteur, desde hoy lunes hasta el miércoles 30 de noviembre, con posibilidad de nuevas manifestaciones.
A nivel nacional también se hicieron oír los reclamos del sector por mejores salarios y condiciones de trabajo. Se registraron acciones en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Neuquén, San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy y Chubut.
Cuestión de prioridades
El agravamiento de las condiciones para los trabajadores de la sanidad está vinculada no solo con el proceso inflacionario que deteriora los ingresos de todos los sectores, sino que a su vez se ve afectada por la falta de inversión presupuestaria y una mayor exigencia sobre el reducido personal.
Esto último lo reflejó recientemente el INDEC, al presentar los datos de su Informe de Condiciones de Vida, donde se advierte un aumento en la población que solo tiene cobertura y atención médica de hospitales públicos: “Si se considera el conjunto de la población, el 66% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 33,9% solo posee cobertura médica a través del sistema público”.
Por otro lado, un informe de la Organización Panamericana de la Salud y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo del año 2019 asegura que la proporción de trabajadores sanitarios por habitantes en nuestro país es de 299 habitantes por médico y 2875 habitantes por enfermero.
Para revertir este panorama, la inversión resultará un aspecto clave para la contratación de personal y obras de infraestructura. Sin embargo, la salud representa otro rubro que se ve diezmado de recursos en favor de los pagos del rubro de servicios de deuda pública en el Presupuesto 2023 aprobado por el Congreso de la Nación. La salud representa el 6,5% del gasto total del presupuesto, mientras que el los pagos de la deuda totalizan un 16,5% de los gastos del país.
Si bien la OMS recomienda un gasto mínimo del 6% del PBI, Argentina en el presupuesto 2023 presentado y aprobado hace un par de semanas destinará $1.188.292 millones, lo que representa un 0,8% del PBI, un presupuesto muy por debajo del mínimo recomendado.
Otro ejemplo del balance de poder se dio con la autorización del Gobierno Nacional de una nueva fórmula de aumento de las empresas prepagas, convalidando una suba de 13,8% para el mes de diciembre, totalizando un aumento acumulado en el año de 113,8%, muy por encima de la inflación y del 96% que acordó la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) entre abril de este año y marzo de 2023.
