Desde el Gobierno anunciaron como parte de la segunda etapa del plan económico el “cierre de la canilla”. Bajo esa expresión, los titulares de las carteras económicas se refirieron a los programas de control del gasto del Estado y la reducción de la emisión monetaria para bajar la inflación. Con estos pasos a seguir buscan reducir el “déficit fiscal” y una pronta salida del cepo.
Para ello convocaron al conjunto de entidades financieras y les otorgaron garantías con la emisión de nuevas letras que serán administradas por el Banco Central y pagadas desde los recursos del Tesoro. Es decir, con achicamiento del Estado en detrimento de la salud y la educación.
Bajo el pretexto de “liberar” las riendas de la economía, la conducción del Estado interviene a favor de los grandes capitales y en detrimento de quienes quedan anónimos detrás de la idea del “gasto público” o el “déficit fiscal”.
En la mediación entre el tecnicismo y la política queda escondido el sujeto de la acción. En este caso, sobre los sillones de mando están sentados los intereses del capital financiero global. Bancos y fondos inversores son los grandes beneficiados de la política económica de “libre mercado”.
La contracara de estos beneficios es el sacrificio tan mentado que se le exige al “pueblo”, el cual representa el botín principal en disputa detrás de los artilugios legales del escenario donde se juega la partida.
No es sólo el litio del norte, los granos de la pampa, el gas y el petróleo de Vaca Muerta lo que está en juego. Es el presente y el futuro por definir si seremos protagonistas activos de la lucha o tan solo quedaremos retratados como espectadores del derrotero de la historia.
