Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata definieron el no inicio de clases para el segundo cuatrimestre como forma de protesta ante una pérdida del 40% del poder adquisitivo del salario.
Según comunicaron desde el sindicato Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) “en acuerdo con la propuesta del Frente de Asociaciones de Base de Conadu, ADUM votó el no inicio de clases en el segundo cuatrimestre. La medida de fuerza tendrá lugar del 12 al 16 de agosto inclusive. Y ese último día se realizará una asamblea para decidir cómo seguir”.
Entre los reclamos directos se refieren a paritarias y salarios dignos, la restitución del Fonid, por una recomposición urgente para ayudantes y por todos los trabajadores del Estado.
“Hemos perdido 40% del poder adquisitivo desde noviembre, es la mayor caída del salario que hemos tenido y además esto significa para quienes tienen categorías más bajas y menos dedicación que estamos ganando $3.200 la hora”, describió Abigail Araujo, secretaria gremial de Adum.
“Llegamos a esta medida de fuerza en un proceso mediante el cual realizamos encuesta a afiliados donde salió como decisión mayoritaria el no inicio del segundo cuatrimestre y la realización de una marcha federal universitaria”, dijo la referente gremial.
Un dia antes de la asamblea, el Frente de Asociaciones de Base de Conadu (FAB), había comunicado la propuesta de realización de una marcha universitaria “coordinada con todos los sectores de la comunidad universitaria, realizando previamente todas las acciones necesarias para que nuevamente la presencia en las calles sea masiva”.
Además de “promover el no inicio del segundo semestre en todo el país” instando a paralizar la actividad durante toda la semana del 12 al 17 de agosto con paro y realización de acciones de protesta y visibilización.
Esto ocurre en un contexto donde, a pesar de la actualización presupuestaria de parte del Gobierno Nacional luego de congelar por cinco meses el presupuesto, las partidas solo se incrementaron en un 10% correspondiente al gasto de funcionamiento. Mientras que el restante 90% destinado a pago de salarios continua sin actualizar.
