El Gobierno presentó el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, una serie de medidas que tiene el objetivo de estimular el uso de divisas no declaradas para fortalecer las reservas del Banco Central.
El anuncio lo hizo Manuel Adorni, vocero presidencial, en una conferencia de prensa acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el titular de ARCA, Juan Pazo.
El plan contiene dos etapas. La primera comprendida en la aplicación de la publicación del Decreto 353/2025, a través del cual se oficializó la derogación del régimen de información tributaria de ARCA para compras con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales; operaciones de compra-venta de vehículos usados y propiedades; y pago de expensas para las administradoras de consorcios, entre otros.
El Gobierno Nacional prepara una desregulación para el ingreso de dólares del sistema informal, en busca de alcanzar la meta de reservas pactada con el FMI.
A su vez, se modificaron los montos mínimos a partir de los cuales bancos y comercios deben informar operaciones a ARCA. Por tomar un ejemplo, para las transferencias de billeteras virtuales, el mínimo de 2 millones se elevó a 50 millones de pesos.
Por otro lado, desde junio se inicia una simplificación del régimen de Ganancias en el que se elimina la obligación de declarar consumos personales y patrimonio para que el control del ARCA se enfoque en la facturación y gastos deducibles.
La segunda etapa consistirá en la presentación al Congreso de un proyecto de reforma del régimen penal tributario “para blindar a los ahorristas argentinos frente a las próximas administraciones”, dijo Adorni.
Posicionamientos
En un comunicado, Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), dijo que la eliminación de exigencias y regímenes del Estado “permitirá a los bancos aplicar controles con un enfoque basado en riesgos“.
Para Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), las medidas “carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.
Por su parte, la directora de Comunicación del FMI, Julie Kozack, aseguró que están “siguiendo muy de cerca la evolución de esta cuestión” al resaltar que el Gobierno se comprometió a “fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco de lucha contra el lavado de dinero de la Argentina con las normas internacionales”.
“Cualquier nueva medida, incluidas las que puedan estar dirigidas a fomentar el uso de activos no declarados, debe ser, por supuesto, coherente con estos importantes compromisos”, advirtió la funcionaria.
