Informes de la CGT, CAME y centros de estudios económicos lo vinculan a la pérdida del poder adquisitivo. En el Departamento Gral. San Martín casi 5.000 personas están en mora.
En los últimos meses, el nivel de endeudamiento personal cobró centralidad en el debate público debido al incremento de la mora, que comienza a contabilizarse a partir de los 31 días de falta de pago.
Aunque la situación se viene desarrollando desde hace varios años, fue hace relativamente poco que encendió las alarmas del sector financiero ante el peligro de poner en riesgo su sostenibilidad.
De ello se hicieron eco los partidos y bloques políticos. En el Congreso de la Nación se encuentran circulando alrededor de 15 proyectos legislativos que proponen medidas para resarcir la situación.
A ellos se suma el presentado el miércoles pasado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, titulado “Alivio Cordobés”, en el cual propone la intervención directa del banco provincial para amortiguar los intereses a los deudores para que puedan “cumplir sus obligaciones”, mientras se garantiza la ganancia a las entidades financieras.
Situación de la deuda
Entre oposición y oficialismo se pulen las soluciones con las que estén de acuerdo los sectores de poder. Mientras tanto, millones de familias trabajadoras, estudiantes, comerciantes y pequeños empresarios hacen malabares para pagar gastos corrientes o deudas pasadas.
Según datos oficiales, en la actualidad más de 20 millones de personas se encuentran endeudadas en el país, lo que representa casi el 60% de la población adulta. Aunque, si ello no es suficiente para alarmarse, el mayor problema se debe al crecimiento de la mora de esa deuda.
Se estima que el 28% presenta demoras de más de 90 días en el pago a las entidades financieras. Eso significa que alrededor de 5 millones de personas dejaron de pagar, acumulándose una deuda promedio de aproximadamente $4,5 millones por cada una.
A los 20 millones de deudores se suman más de 1,2 millones de monotributistas y autónomos, que no son contabilizados oficialmente como “personas humanas”. Según algunos informes este grupo utiliza el dinero prestado principalmente para cubrir gastos corrientes, es decir, de consumo, servicios u otras necesidades básicas.
En sintonía con la realidad nacional, en el caso de la provincia de Córdoba alrededor del 27% del total de deudores (casi 460.000 personas) se encuentran en mora. En el Departamento Gral. San Martín existen 26.035 deudores, de los cuales 6.133 se encuentran en mora.
El poder adquisitivo
Sólo en los últimos dos años, 2,6 millones de personas ingresaron en estado de incumplimiento o cesación de pagos, casi la mitad del total actual. Esto se relaciona directamente con la pérdida de poder adquisitivo.
Según un informe publicado ayer por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) en el primer año y medio del gobierno de Milei el salario privado se redujo un 14%, mientras que las jubilaciones lo hicieron un 31%.
La situación viene siendo señalada por las centrales obreras que el jueves 20 de agosto se movilizaron al Ministerio de Economía para visibilizar el endeudamiento familiar. Allí entregaron un petitorio al Gobierno con medidas a adoptar.
En paralelo, la Secretaría de Defensa del Consumidor de la CGT elaboró un informe donde describe los 4 pasos por los cuales se llega a esta situación: 1- Salarios que pierden contra la inflación, 2- caída de ventas y producción, 3- endeudamiento de las familias para compensar esa caída y 4- una tasa de financiación del 115% anual que hace caer en mora esa deuda.
Ello se puede deducir directamente de los datos brindados por el propio BCRA, donde se puede observar que, desde la pandemia hasta nuestros días, el método más utilizado por las familias para pagar gastos “corrientes” (donde se contempla supermercados, electrodomésticos y comercio electrónico) es la tarjeta de crédito.
“Mucho más complejo aún es el escenario de aquellas familias que, imposibilitadas de acceder al crédito a través de canales formales, se ven obligadas a recurrir a vías informales de financiamiento, incluso para poder cubrir sus necesidades básicas, y son víctimas de intereses usurarios exponiéndose a situaciones más dramáticas aún”, dijeron desde la CGT.
El mes pasado, Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mostró la preocupación del sector empresario ante la situación: “Las familias no se endeudan por lujo, sino para pagar comida, servicios públicos y remedios. El atraso crediticio llega cuando el salario real queda retrasado frente a la suba de tarifas fijas, lo que paraliza de forma directa el consumo en el comercio de proximidad”.
La contracara del mercado digital-financiero
El informe de MATE registra una disminución en los plazos fijos tradicionales, que pasaron de 4,8 millones a 2,6 millones de titulares. Esta baja responde tanto al uso de ahorros para saldar obligaciones corrientes como a la migración masiva hacia cuentas remuneradas en billeteras virtuales.
Desde la llegada de las apps financieras, estas ofrecen tasas similares -o incluso mayores- a las de plazo fijo, pero en una cuenta digital donde el usuario dispone del dinero permanentemente, sin esperar a que venza ningún plazo.
En enero de este año, Tomás Azzali, Director Senior de Mercado Pago Argentina, dijo que “hace ocho años transformamos la gestión del dinero al ofrecer la posibilidad de generar rendimientos diarios a través de nuestra cuenta digital, mientras otras cuentas rendían 0%”.
En sólo 4 años, las cuentas de Agente de Colocación y Distribución Integral (ACDIs), que corresponden principalmente a billeteras virtuales, plataformas fintech y cuentas remuneradas (como Mercado Pago, Ualá, etc.), se incrementaron de 8 millones a más de 30 millones.
Estas cuentas forman parte de lo que llaman el “mercado de dinero” o Money Market, el mayor negocio de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en el país. La mayoría de ellos son fondos de liquidez inmediata ofrecidos a través de las aplicaciones, es decir, billeteras virtuales que utilizan tu dinero de la cuenta para invertir en instrumentos de deuda.
Durante el mes de julio, los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) incrementaron su patrimonio en $2,58 billones respecto al mes anterior, alcanzando la cifra récord de $108,57 billones (más del 20% del PBI Nacional). Esto representa un incrementó en un 40,4% ($31,23 billones) respecto a 2025.
Mientras que en el último año la cantidad de empresas se redujo aproximadamente en 18.000, en el mismo período la cantidad de Fondos de Inversión creció de 970 a 1105 (un crecimiento del 13%).
Aquí se puede observar una correspondencia entre el crecimiento de usuarios de estas aplicaciones, convertidos en partícipes de Fondos Comunes de Inversión, con el dato brindado por MATE respecto a la cantidad de deudores de las Fintech, que pasaron de 0,5 a 5,9 millones los últimos años.
De este modo, la dinámica del endeudamiento deja a la vista dos caras de un mismo proceso: por un lado, millones de familias condicionadas por la pérdida salarial y el encarecimiento del crédito para el consumo básico; por el otro, la consolidación de un negocio financiero y digital que incrementa su rentabilidad a través del mercado de dinero y la colocación de deuda a corto plazo.
El debate abandona así el terreno técnico o legislativo y se instala en el plano de la disputa social. En una economía donde las ganancias del sistema financiero se sostiene sobre la fragilidad de los ingresos domésticos, inclinar la balanza dependerá del nivel de presión y protagonismo que alcancen trabajadores, jubilados y pequeños productores frente a un mercado estructurado para blindar a los acreedores a expensas de las necesidades más elementales de la población.
Fuentes utilizadas:
https://deudores.mateconomia.com.ar/
https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/informes/informe-bancos-2026-06.pdf
https://www.bcra.gob.ar/indicadores-inclusion-financiera/
https://www.bcra.gob.ar/archivos/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Entidades/202605e.pdf
