Los criterios que se impusieron para el reparto de las vacunas no discriminan otra cosa que una minoría que detenta los recursos y mayorías que se sumergen al abismo.
Los efectos colaterales de la crisis sanitaria del Covid-19, al tiempo que ya se encuentra sobrepasando los 3 millones y medio de víctimas, han exacerbado la situación de desigualdad en todo el mundo.
Según el Institute for Human Data Science (IQVIA), la industria farmacéutica fabricaba alrededor de 5 mil millones de dosis al año para todas las patologías. Hoy se estima que solo para combatir el coronavirus se deberán producir unos 11 mil millones anuales.
Sin embargo aún se está muy lejos de alcanzar la producción necesaria, por lo que el reparto de lo producido vuelve a dejar al desnudo el sentido económico que mueve al mundo, incluso en pandemia, dejando en claro una vez más que en toda guerra hay ganadores.
El desarrollo de vacunas concentró inversiones colosales en investigación científica y recursos públicos en manos de un puñado de empresas privadas, como por ejemplo Moderna, que recibió 4 mil millones de dólares del gobierno de EEUU; o Pfizer, que acordó compras anticipadas por 1.950 millones de dólares.
De esta forma, llegamos a un punto donde, con más de 1.800 millones de dosis aplicadas, 10 países concentran más del 78% de las mismas, al tiempo que 145 países solo cuentan con 67 millones de dosis, según estadísticas de Our World in Data.
Durante las últimas semanas, en paralelo a una nueva ola de contagios y restricciones, el pueblo trabajador camina por una cornisa cada vez más angosta entre la crisis económica y el colapso sanitario.
Es este contexto el que nos empuja como trabajadores a discutir una solución en unidad en la demanda de liberalización de las patentes de propiedad intelectual y en la exigencia de los recursos necesarios para ampliar la producción en forma masiva y brindar condiciones de salud para toda la población.
