Los hechos acontecidos en las últimas semanas pusieron de relieve un problema fundamental para la organización popular en el país. Las clases dominantes en su insistente lucha por acrecentar sus ganancias imponen su programa por medio de distintos instrumentos entre los que se encuentran el poder judicial y los medios de comunicación.
Es un fenómeno por demás conocido en la historia que las crisis económicas no impactan de la misma manera en la población en general. Las clases dominantes las utilizan para sacar provecho de la situación, tendencia que en los últimos años se confirma con un claro resultado en favor de los grandes administradores de capital como lo son los Fondos Comunes de Inversión y otros organismos de crédito.
Estos grupos financieros atribuyen a distintos motivos las causas de la crisis invitando a las distintas clases sociales a confluir en defensa de sus intereses. Su programa tiene como requisito indispensable la fragmentación política de las organizaciones populares para así volverlas más dóciles a sus intereses cumpliendo así a rajatabla el proceso de acumulación privada.
En ese marco algunos de los sectores subordinados promueven como tarea militante la denuncia del poder real. De esta manera vemos cómo se forma una gran masa de ciudadanos críticos que basan su razón en la disputa ideológica, o como la llaman en la actualidad: “batalla cultural”.
Desde dicha óptica ciudadana, juzgamos los hechos pasados reaccionando a la implementación de una estrategia ajena, a partir del cómo tuvo que haber sido, sin perspectivas ni propuestas para cimentar otro orden de acción orientado a nuestros intereses.
Formar un movimiento ciudadano que se límite al cumplimiento de su derecho democrático de expresar su denuncia al “poder real” de forma inerte y atomizada es parte de la estrategia de fragmentación social para obstruir la ejecución de un programa de soberanía popular.
Sin dudas que la razón es un paso importante en la conformación de esa fuerza pero queda cada vez más a la vista que ni aún teniendo toda la razón alcanza para revertir la situación. Ello se vuelve irrealizable si no se llama a la militancia popular a organizarse para dar la lucha material contra las clases dominantes que hoy nos someten a esta penosa situación.
Para ello es necesario el poder, no delegado en funciones institucionales, sino un poder que se encargue de desarrollar, no mañana ni el año que viene, sino hoy mismo, un programa de soberanía popular donde la propiedad y el trabajo estén puestos al servicio de las necesidades humanas y no de la especulación financiera y el desarrollo del capital.
