Las distintas fuerzas políticas debaten acerca de las distintas formas que debería asumir la deuda pública en base a sus intereses sin cuestionar el nudo de la cuestión: el endeudamiento estructural y la dependencia del Estado a las finanzas globales.
Ante una expectante y cándida ciudadanía la deuda es un tema de fuertes debates entre los distintos espacios políticos del país que, a pesar de las relevantes diferencias enunciadas al respecto, existen entre sí algunos consensos incuestionables.
Ver: Con las prioridades claras.
De esta manera los acalorados debates ocultan el punto en común en el que basan su discusión. Como diría Lucio Garay Méndez, analista de la consultora Eco Go, dicho consenso se basa fundamentalmente en que hay “un compromiso por pagar la deuda y ese compromiso hay que cumplirlo”. Pero, ¿qué significado tiene la deuda para el país?
Un poco de historia
A lo largo de las últimas décadas, la deuda de los estados se asentó como mecanismo para definir la política económica en los países y así, a través del control de las empresas (deuda privada) y los gobiernos (deuda pública), garantizar a los grandes actores financieros las ganancias a corto, mediano y largo plazo.
En Argentina esta realidad se impone en la década del 70 mediante una sangrienta dictadura militar y luego, imposibilitados de otro rumbo, se termina por legitimar bajo los gobiernos democráticos. De esta manera la democracia quedó amordazada a la deuda, obligada a subordinar la soberanía popular a un mecanismo de dominación que no hizo más que acrecentar la miseria del pueblo.
El poder de esta oligarquía financiera le permitió concentrar el capital, junto a toda la logística y capacidades tecnológicas, y centralizar el mando de todos esos recursos a través del dinero cuando se estableció el dólar como patrón de valor mundial.
El plan se basó principalmente en que todos los recursos producidos por los trabajadores en el país se fugaran a través de los bancos, las grandes empresas exportadoras y un sistema político corrompido ante las finanzas globales. El neoliberalismo fue quien asentó la dependencia de la región a través, no sólo del acrecentamiento exponencial de la deuda, sino también de la cesión de empresas públicas a los capitales internacionales a través de las privatizaciones.
Así, el sistema productivo nacional y las condiciones de vida de los trabajadores quedaron en dependencia absoluta de las fluctuaciones del mercado global, territorio en el que se desenvuelven estos grupos de poder. Y el Estado se puso a su servicio regulando la actividad financiera a través de distintas leyes y disposiciones como la Ley de Entidades Financieras, aprobada por la dictadura militar en el año 1977, vigente en la actualidad.
Ver: El nudo de la deuda
De esta manera, terminó por formarse el cuello de botella que significó para las empresas de cualquier sector productivo, para los planes de gobierno y para la vida del pueblo del país un determinante de la propia existencia: sin acceder al mercado de crédito, sin endeudarte, se volvió imposible sobrevivir.
¿Y ahora?
De aquella parte a la actualidad, el endeudamiento se ha consolidado como un mecanismo del régimen para el control de las fuerzas productivas, la explotación del trabajo y la política económica de los gobiernos. De hecho, a pesar de las fluctuaciones coyunturales la deuda pasó de un par de miles de millones de dólares, a casi 400.000 millones. Para tener una relación, ese monto es aproximadamente igual a lo que produce todo el país en un año.
Ver: Endeudamiento récord
El mercado financiero de la deuda dirige el capital hacia los distintos sectores, empresas y grupos económicos del país donde, de un lado, se encuentran los inversores (Fondos Comunes de Inversión, en los cuales también pueden disponer sus ahorros hasta los propios ciudadanos, bancos y firmas financieras, etc.) y, del otro, las empresas necesitadas de capital para emprenderse en la cruenta competencia del mercado. Es este mecanismo el que se intenta sostener con el argumento de “sostenibilidad”, “equilibrio” y “eficiencia” del sistema.
Entre medio los trabajadores se ubican como variable de ajuste para reducir costos y aumentar las ganancias privadas, mientras que lo único que sacan de toda esta situación es el empeoramiento de sus condiciones de vida.
Ver: Un análisis de las condiciones de vida
Lo curioso es que el propio Estado a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) es quien controla, permitiendo y reglamentando la actividad, a los grupos y fondos de inversión para operar en el mercado de la deuda. Según el registro público del organismo son 1.514 agentes en total quienes pueden operar, representando un ínfimo porcentaje de la población que concentra el mercado de crédito en el país.
Esta situación es innegable cuando los gobiernos cuentan con mesas de diálogo, organizan foros de debates y anuncian medidas conjuntas comunicando las decisiones en primer lugar a banqueros, asesores financieros y administradores de fondos comunes de inversión. Básicamente quienes gobiernan -si con ello se entiende tomar decisiones soberanas- en el país.
Ver: Argentina endeudada
A propósito, el propio Congreso y el marco legislativo avala el accionar de estos grupos que, además de conservar la ley de la dictadura, aprobaron nuevas legislaciones que enmendaron o modificaron las anteriores sin tocar su carozo central, como la ley 26.831 de Mercado de Capitales sancionada en 2012, o directamente lo ampliaron como la 27.440 de impulso al financiamiento de pymes en el mercado de capitales aprobada durante el macrismo en 2018.
También se han utilizado otros instrumentos gubernamentales como los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Uno de ellos, el N° 164/2023 aprobado en marzo de este año, que “busca maximizar el resultado de las operaciones financieras en el mercado de capitales”, dispuso la deuda en dólares de las empresas públicas para comprar deuda en pesos emitida por el propio Tesoro de la Nación.
Mientras que, la semana pasada, la Resolución General 962/2023 de la CNV “obliga” a los agentes privados a no desprenderse de los bonos y letras en dólares, argumentando la necesidad de “implementar políticas que permitan aportar mayor certidumbre cambiaria y financiera (…) con el objetivo de lograr una mayor disponibilidad de instrumentos” y “reordenar los activos financieros”.
Ver: Marcando las prioridades: presupuesto al servicio de la deuda
Estas medidas toman dimensión en lo que está en juego. Según el último informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el financiamiento total de abril ascendió a $335.049 millones, representando un aumento de 393% en términos interanuales. Además, las empresas privadas emitieron 22 obligaciones negociables por $153.918 millones, valor que implica 884% más que en abril de 2022. Más aún teniendo en cuenta que más del 80% de estos instrumentos se ejecutan en dólares.
Las posiciones de la política
Dentro de ese marco es cuando emerge nuevamente la discusión acerca del endeudamiento en pesos o en dólares. Un comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio denunció el esquema de financiamiento estatal expresándose “en contra de la utilización abusiva de instrumentos financieros en pesos ajustados en dólares con tasas de interés imposibles de pagar, o en dólares a tasas usurarias”. Claro está su desacuerdo frente al histórico endeudamiento asumido con el FMI.
Ver: El BCRA busca financiamiento con más deuda en pesos
Del otro lado, el ex-ministro de Economía, Martín Guzmán, fue quien fomentó desde el inicio de la actual gestión el endeudamiento en pesos principalmente por la imposibilidad de acceder a créditos en dólares.
De hecho, cabe recordar que fue el propio FMI, junto a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Cámara Argentina de los Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), quienes exigieron fomentar el endeudamiento en pesos para achicar el déficit fiscal, elevar el piso de las reservas y así cumplir con los vencimientos y pago de intereses.
Ver: Gobierno promueve la deuda en pesos
Como reza el principio económico del mercado, a mayor riesgo mayores ganancias: el informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), un gran FCI, ya en 2022 habló de “la crisis de la deuda en pesos” ante el “temor a un reperfilamiento (…) que no logra -ni logrará- despejarse” en el corto plazo.
A principios de marzo de este año el Gobierno realizó un acuerdo con los bancos para posponer hasta 2024 vencimientos de deuda en moneda local por 7,5 billones de pesos (36.500 millones de dólares). El objetivo principal es reducir el déficit fiscal para aumentar las reservas y así poder cumplir con los vencimientos del FMI y el resto de los actores privados.
Ver: Pase libre a los Fondos de inversión
Así es como, entre el debate de “endeudamiento soberano” o deuda en dólares, se consolidó la política dirigida a garantizar los beneficios a los grandes actores del mercado financiero y el cumplimiento de programas políticos foráneos de los organismos internacionales.
En este marco es cuando las distintas fuerzas políticas ponen en debate los aspectos de forma para que no se discuta el nudo de la cuestión: el endeudamiento estructural y la dependencia del Estado a las finanzas globales.
